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Ciencias forenses, memoria y desarrollo: una perspectiva peruana1

José P. Baraybar and Jesús Peña | Equipo Peruano de Antropología Forense

Introducción

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las grandes brechas socioeconómicas existentes en el Perú determinaron un impacto diferenciado de la violencia (CVR, 2003a). Esto explica por qué muchas personas que vivían en zonas rurales altoandinas sufrieron con más crueldad que otras los embates del conflicto. Su posición de exclusión frente a derechos económicos, sociales y culturales, en ese sentido, habría determinado la posición de víctimas en la cual hoy se encuentran. Ante este problema parecería razonable que el proceso de reparación en escenarios de transición intente promover el ejercicio de estos derechos sin distinción de ninguna clase, etnia, raza o situación geográfica, fuera de los derechos civiles y políticos que tradicionalmente restituye. Este es uno de los aspectos de la reconciliación a la que hace referencia la CVR cuando expresa la necesidad de refundar el pacto social (CVR 2003b). Se trata, en otros términos, de distribuir mejor el poder o dar igual oportunidad de desarrollo a todos los peruanos.

Aunque en teoría los procesos abiertos hacia la transición y derivados del postconflicto deberían haber supuesto la ampliación del sentido de ciudadanía, lo cierto es que para las víctimas de las comunidades altoandinas los intentos de transición sólo han representado la posibilidad de obtener reparaciones económicas. La exclusión histórica que viven las comunidades altoandinas ha originado una relación de dependencia frente al estado basada en el asistencialismo que a su vez alimenta el clientelismo. Para estas comunidades, la verdad, la justicia, la salud mental o incluso el desarrollo, no tienen el mismo lugar de privilegio que las reparaciones económicas dado que éstas, a diferencia de aquellas, no constituyen un paliativo para la pobreza o para cubrir necesidades inmediatas. Además de ello, el estado peruano no ha mostrado un verdadero interés en ampliar la ciudadanía en las comunidades afectadas por el conflicto de manera que así sus integrantes puedan tornar su estatus de víctima en ciudadanos con plenos derechos.

Frente a la situación presentada creemos que valdría la pena repensar y replantear los frustrados intentos de transición realizados hasta hoy poniendo énfasis en la creación de una institucionalidad que promueva el ejercicio pleno de la ciudadanía y el fomento de los derechos humanos desde un enfoque integral de desarrollo. De esta forma, las personas golpeadas por el conflicto tendrían la oportunidad de dejar el estatus de víctimas para hacer el tránsito al estatus de ciudadano. El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), en su trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, acude a las familias de los desaparecidos para invitarlas a narrar los hechos relativos a la desaparición de sus seres queridos. Esta invitación a recordar implica la transacción de memoria entre distintas facciones del conflicto dentro de la misma comunidad. El proceso ofrece la posibilidad de pasar de una memoria contenciosa a una "memoria colectiva"2, es decir, puede permitir que se construya una historia compartida de manera horizontal a partir de memorias individuales, fragmentadas y eventualmente opuestas. De esta forma, la intervención forense abre camino para la cohesión social, el empoderamiento y la asociatividad, todo lo cual constituye condiciones de posibilidad para la adopción y generación de ciudadanía dentro de las comunidades.

A continuación se dará cuenta de algunas experiencias aprendidas por el EPAF a partir de la investigación antropológica forense y, recientemente, el impulso de procesos de desarrollo humano en comunidades altoandinas afectadas por el conflicto. Para el presente texto en específico recogemos información relativa a cuatro comunidades: Putis, Hualla, Morcolla y Colcabamba, concentrándonos principalmente en la primera. Todas las comunidades pertenecen a la región Ayacucho donde surgió y se vivió con más intensidad el conflicto en el Perú.

La exclusión social de las víctimas

De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, más del 75% de las víctimas del conflicto eran rurales, pobres y tenían como lengua materna el quechua. Esta posición de exclusión las expuso a actos de extrema brutalidad durante la guerra y en la actualidad sigue obstaculizando su capacidad de ejercer su ciudadanía con plenos derechos en el marco del proceso de transición postconflicto.

Específicamente respecto al problema de desaparición forzada, se estima que existen más de 15 mil personas desaparecidas a causa del conflicto. El EPAF se encuentra particularmente comprometido con sus familias en la búsqueda de dichas personas. Como la mayoría de los afectados por el conflicto, estas familias también se encuentran en situación de exclusión. Esta situación en muchos sentidos replantea el rol de la antropología forense aplicada a la búsqueda de los desaparecidos en el Perú pues no parece razonable avocarse a la promoción de la verdad y la justicia sin atender la situación socioeconómica de las familias, y esto no sólo por cuestiones humanitarias, sino también por cálculo racional. En ese sentido suscribimos lo que para Louise Arbour significa abordar de forma integral una situación postconflicto:

Una valoración crítica de conflictos pasados y presentes y situaciones de crisis reafirma la importancia de ocuparse de todas las violaciones a los derechos humanos de manera integral e interdependiente. Si se desea alcanzar los objetivos mayores de la justicia transicional tales como la transformación social y la prevención de los conflictos, no solo es importante construir instituciones para la resolución de conflictos y garantizar responsabilidad por los abusos cometidos sino también, y tal vez mas importante aun, es atacar las fuentes de legitimas injusticias que de no ser tratadas pueden alimentar el próximo conflicto (2007: 8 traducción del inglés).

En efecto, conviene saber cuál es la condición social de las familias para comprender su vivencia de los derechos humanos, la visión que tienen de sí mismos y las posibilidades de desarrollo humano con la que nos enfrentamos en nuestro trabajo de promoción de derechos humanos desde una visión integral de ellos.

Dada la situación de exclusión, la búsqueda de la justicia y la verdad no parece representar una prioridad para las familias. En el abanico de demandas anteponen necesidades más urgentes como la salud, la alimentación, etc. Esta situación no parece tener visos de cambio pues no existe una representación política que se preocupe por promover sus derechos y el estado tampoco tiene la iniciativa de impulsar la investigación de casos, mucho menos de asumir un proceso cabal de transición que tome en cuenta problemas estructurales como la exclusión.

Sin duda la creación de la CVR constituyó un avance en la comprensión de los factores estructurales que hicieron posible el conflicto. Sin embargo, las recomendaciones que hiciera para superar las causas y secuelas del mismo, en especial las recomendaciones de reforma institucional, no fueron atendidas por los gobiernos de turno. Por otra parte, la CVR realizó audiencias públicas en distintas comunidades afectadas por el conflicto engendrando esperanzas de reparación que hasta el momento no se han dado. Han pasado casi ocho años y las comunidades se sienten defraudadas. Como reacción, los comuneros muestran rechazo para tratar temas relativos a los derechos humanos: "eso es en vano, por gusto me hacen llorar, me hacen recordar. Cuantas veces he declarado" (Huallanca Huaccachi, 2010).

Creemos que la situación descrita puede darnos algunas luces sobre la forma en que se ha estado realizando la transición en dichas comunidades. El sentimiento de decepción de las comunidades, como parte de una cadena de situaciones sufridas a lo largo de la historia, demuestra la posición de subalternidad de las mismas. El supuesto fraude por parte de la CVR supondría otro desaire más por parte del estado hacia comunidades que no tienen capacidad de respuesta y presión para hacer respetar sus derechos. Nótese además el énfasis en el tema de reparaciones económicas. Desde su posición de exclusión, las comunidades reducen el tema de reparaciones a algo que representa un beneficio económico, o sea, algo que puede ayudar a cubrir sus necesidades más urgentes. Sin duda, la verdad y la justicia forman parte de sus demandas, pero no constituyen necesidades apremiantes como lo son la alimentación y otras necesidades que sufren a causa de la pobreza.

Creemos que sería importante explorar una concepción de justicia orientada a la creación y fortalecimiento de la ciudadanía. Ni el estado ni la comunidad de derechos humanos han hecho demasiados esfuerzos para contribuir a cambiar la mentalidad y las prácticas de asistencia, traducida en los procesos de reparación material. Por el contrario, en muchos casos han entrado en esa lógica repartiendo favores con el fin de cumplir sus propias agendas.

Pese a todo, en algunos casos, el interés de algunos comuneros por obtener beneficios económicos se traduce en demandas de proyectos de desarrollo que plantean algo más que paliativos a la pobreza. Tales demandas se articulan bajo un discurso de derechos humanos adquirido a partir del trabajo de sensibilización realizado por la CVR y algunas ONG. En estos casos existe una mayor conciencia del conflicto, su condición de exclusión y la necesidad de que se establezcan condiciones y oportunidades para desarrollarse.

Derechos humanos y desarrollo humano

Una visión holística de la justicia transicional demostraría que los derechos a la justicia y la verdad no pueden resarcirse sin tomar en cuenta también aspectos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales en concordancia con el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Esto significa que, en la medida de lo posible, hay que hacer que los derechos humanos se hagan efectivos con cierto grado de integralidad (United Nations 2003, 2).

La reparación es una dimensión esencial de la justicia transicional y la única que se concentra específicamente en el reconocimiento de los derechos de víctimas y el amplio abanico de daños sufridos. En ese sentido, dentro del marco de la justicia transicional es importante ampliar el foco de derechos hasta tomar en cuenta aspectos vinculados con el desarrollo social y económico de las víctimas. Como es manifiesto en el caso peruano, la razón de dicha ampliación respondería al hecho de que las víctimas se vieron expuestas al conflicto y a la violencia precisamente debido a su situación de exclusión socioeconómica.

Ahora bien, debido a esta ampliación de derechos creemos que el enfoque de justicia transicional y derechos humanos puede enriquecerse en el campo aplicativo con un enfoque amplio de desarrollo como el enfoque de desarrollo humano de Amartya Sen. Este enfoque entiende el desarrollo como la ampliación de capacidades, funciones y oportunidades para las personas. A diferencia del enfoque clásico de desarrollo, el enfoque de desarrollo humano tiene como eje de referencia el desarrollo integral de la persona antes que el crecimiento del producto per cápita, es decir, está centrado en la persona y no sólo en los bienes de consumo.

El enfoque de desarrollo humano y el enfoque de derechos humanos son congruentes en tanto tienen una sola preocupación: "el disfrute por todas las personas de todas las libertades fundamentales" (United Nations 2003, 7), siendo así que ambos tienen como una de sus prioridades la integralidad de la persona en la promoción del desarrollo. Además de esto, el enfoque de derechos humanos contribuye con el enfoque de desarrollo humano en poner el foco de atención en los más desposeídos y excluidos, especialmente en los desposeídos en razón de la discriminación (UNDP 2000: 2, 21-23).

Tomando en cuenta este marco, el EPAF se ha planteado como reto abrir procesos de desarrollo en comunidades afectadas por el conflicto aprovechando todo el capital social obtenido dentro de la comunidad a partir de la realización de intervenciones forenses. La primera experiencia se ha iniciado en Putis, comunidad altamente afectada por el conflicto en la cual se viene implementando un programa piloto que creemos puede replicarse a otras comunidades altoandinas afectadas por el conflicto. Es importante recalcar que la intervención orientada al desarrollo empieza con la formación de redes sociales comunitarias generadas por el EPAF en su trabajo de construcción de memoria.

Los programas con enfoque transicional que han sido realizados hasta hoy no han estado acompañados de un enfoque integral de desarrollo y no han partido de un trabajo de construcción de memoria local y microlocal. Lo que se tiene hasta el momento es una memoria emblemática basada en los testimonios de víctimas y la posición de la comunidad de derechos humanos. Frente a esto, lo que el EPAF propone—tanto en Putis como otras comunidades en las que se espera intervenir—es realizar un trabajo de construcción de memoria a nivel local acompañado de procesos de re-ciudadanización con enfoque de desarrollo humano.

Caso Putis: logro de aprendizajes

Si en la década de los ochentas las comunidades altoandinas afectadas por el conflicto se encontraban en total abandono por parte del estado, en la actualidad esta situación no ha cambiado. El problema sigue siendo la ausencia de iguales oportunidades para todos los peruanos. Como consecuencia, en las comunidades campesinas sigue habiendo altas tasas de desnutrición—principalmente infantil—, analfabetismo, deserción escolar, entre otros problemas. La agricultura depende mucho de las temporadas de lluvias pues no existen sistemas de riego y los productos que se obtienen sólo sirven para el autoconsumo. Por otra parte el ganado es de muy baja calidad.

El caso Putis no es muy distinto al de otros casos. Putis es un Centro Poblado ubicado en el distrito San José de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho, y está conformado por nueve comunidades. Debido al alto grado de violencia que se vivía durante el conflicto, sus pobladores se vieron obligados a desplazarse a otras zonas del país. Al término del conflicto, los pobladores retornaron, pero en condiciones de extrema pobreza y sufriendo la ausencia de sus familiares muertos o desaparecidos. Se estima que aproximadamente 400 personas murieron o desaparecieron forzadamente a causa del conflicto. En la actualidad los servicios sociales son casi inexistentes; la producción y comercio de productos es deficiente; existen bajos niveles de nutrición; no existe agua potable; aún faltan mayores vías de comunicación, etc. Creemos que una intervención con fines de reparación debería aglutinar distintos esfuerzos para enfrentar los distintos problemas mencionados.

En el 2008 el EPAF intervino en la comunidad iniciando un proceso de investigación antropológica forense que implicaba el trabajo con la comunidad en la construcción de la memoria. Uno de los resultados de esa intervención fue la organización de los familiares en torno al proceso de investigación hasta lograr progresivamente la cohesión de toda la comunidad. Gracias a ello, Putis se ha transformado de un grupo disperso de comunidades en un Centro Poblado con jurisdicción política propia.

El programa de desarrollo que EPAF viene impulsando en Putis intenta centrarse en el desarrollo de capacidades y oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos humanos bajo la presunción del principio de indivisibilidad e interdependencia de dichos derechos3. Partiendo de este principio, el programa asume como una de sus prioridades el desarrollo integral de las personas. Debido a esto se busca crear condiciones que hagan posible el ejercicio de una amplia gama de derechos humanos. Sin embargo, dado el carácter piloto o experimental del programa actualmente éste se encuentra principalmente enfocado en la producción agropecuaria.

El programa, aunque es todavía bastante joven, ya ha ofrecido algunas lecciones que vale la pena registrar y tener en cuenta para las futuras intervenciones. Entre ellas, la importancia de realizar un diagnóstico sobre las redes sociales comunitarias con el fin de aprovecharlas para garantizar el diálogo y la comprensión entre promotores y beneficiarios del proyecto. Así mismo, también es importante conocer la racionalidad económica de la comunidad para saber en qué medida persiste el asistencialismo y es necesario promover valores relacionados con la autonomía y el emprendimiento.

En general creemos que es importante llevar a cabo una etapa previa de sensibilización para construir sentidos comunes sobre la concepción de desarrollo que se quiere seguir y los fines del proyecto que se quiere impulsar. Este esfuerzo inicial de comunicación podrá prevenir conflictos en el futuro entre los comuneros y entre la comunidad y los promotores del proyecto.

Paralelamente, se debe realizar un diagnóstico sobre problemas y necesidades acompañado de un análisis de fortalezas y oportunidades. A partir de dicho diagnóstico se podrá saber qué recursos pueden o deben ser aprovechados, qué aspectos deben ser fortalecidos, cuándo impulsar el trabajo comunal o cuándo el emprendimiento individual, etc. La comunidad debe participar activamente en dicho diagnóstico para que sea plenamente consciente de su potencial de desarrollo, el valor de sus recursos, la oferta y demanda de cada uno de sus productos y las posibilidades de acceder al mercado y el comercio justo.

La experiencia particular en Putis se articula en dos ejes: el mejoramiento del ganado ovino la creación de un semillero de papas nativas orgánicas (Putis produce en la actualidad una docena de papas nativas) con miras a su comercialización con un valor agregado. Cabe recalcar que la articulación de ambos esfuerzos se realiza a dos niveles, a nivel comunal en el tema de las papas y a nivel familiar con el ganado. En este último rubro se trata de mejorar y hacer apto para la producción de carne el ganado existente que, por su pobre manejo zootécnico, no rinde lo suficiente ni en lana ni en carne. Mejorando la calidad del ganado se pueden lograr dos cosas: la ingesta proteica familiar y el desarrollo de mejores estrategias de comercialización de carne a nivel comunal.

Actualmente la producción de papas nativas en Putis es solo para auto-consumo, priorizándose más bien el cultivo de otras variedades de papa más comerciales para su venta. El valor agregado inherente a este sistema productivo es que se cultivan en condiciones orgánicas. El carácter "orgánico" en este contexto nuevamente denota las condiciones de exclusión en que se encuentran estas comunidades ya que realizan cultivos sin fertilizantes por no disponer de capital para comprarlos ya que el valor de mercado de lo que producen es muy bajo. La idea es justamente aprovechar esa situación y revertirla a favor de la comunidad, rescatando la manera de cultivar como el valor agregado primario que tienen estos cultivos.

Con el apoyo de técnicos agropecuarios se ha iniciado el cultivo de los semilleros y se espera en la primera cosecha en el 2011 triplicar el número inicial de semillas y en el 2012 tener suficientes semillas para iniciar una producción más sostenida. En paralelo se vienen explorando los mecanismos de transformación más adecuados para las papas nativas y para que estas puedan ser articuladas a redes de comercio justo y solidario.

De esta manera las comunidades de Putis habrán aprovechado su tránsito de victimas a ciudadanos a través de un proceso de recuerdo, dignificación y finalmente acceso al ejercicio de sus derechos ciudadanos en este caso a través de los mismos mercados que les fueron negados durante su historia.

Conclusiones

La superación de los factores y secuelas del conflicto no podrá ser conseguida sin el reconocimiento efectivo de la exclusión socioeconómica como uno de los problemas centrales a los que debiera enfrentarse la transición. Los enfoques tradicionales de justicia transicional dirigían sus esfuerzos únicamente a la reivindicación de derechos civiles y políticos, pero no a la reivindicación de los derechos económicos sociales y culturales cuya ausencia, en igual sentido que la ausencia de los primeros, hizo vulnerable a miles de personas convirtiéndolas en víctimas del conflicto.

Ante esta situación, se hace patente la necesidad de promover los derechos humanos respetando su principio de indivisibilidad e interdependencia de manera que sea posible integrar la cuestión del desarrollo en el proceso de transición en comunidades postconflicto.

Así, partiendo de un enfoque amplio de justicia transicional y sobre la base de sus propia experiencia, EPAF propone aprovechar la cohesión social generada en el trabajo de memoria para fomentar el desarrollo, la autonomía, la autogestión y la transferencia de conocimientos a la comunidad intentando romper con la historia de asistencialismo propia de sociedades jerárquicas como la nuestra.


José P. Baraybar es Director Ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Baraybar fue director de la Oficina para Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y ha realizado trabajos forenses en Ruanda, Bosnia y Kosovo entre otros lugares. Baraybar fue galardonado con la edición 2011 del premio Judith Lee Stronach Award for Human Rights del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA).

Jesús Peña tiene un BA en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha realizado investigaciones en Derechos Humanos; Peña es el responsable del programa de Desarrollo Humano dentro del equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).


Notas

Queremos agradecer a las siguientes personas sin quienes este proyecto en curso no podria realizarse. En Putis, a su alcalde Gerardo Fernandez y a la comunidad en su conjunto, por su interés en crecer, aprender y convertirse en socios de este experimento. A Nelson Rivas, coordinador de campo de este proyecto, a Renzo Aroni, Percy Rojas y Heeder Soto, sección Memoria del EPAF por su valiosa información recolectada en Hualla, Morcolla y Colcabamba. Nuestras gracias a Hayden Gore por la traducción del texto al inglés. Finalmente nuestro agradecimiento al EPAF por hacer posible la exhumación e identificación de las víctimas de Putis.

Para una comprensión amplia del sentido y posibilidad de una memoria colectiva, véase Ricoeur, 2000: 125-172.

3 "El principio de indivisibilidad reconoce que ningún derecho humano es intrínsecamente inferior a ningún otro. Los derechos económicos, sociales y culturales deben ser respetados, protegidos y realizados en las mismas condiciones que los derechos civiles y políticos. El principio de interdependencia reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás" (Naciones Unidas, 2006: 2).

Obras citadas

Arbour, Louise. "Economic and Social Justice for Societies in Transition". International Law and Politics. 40/1 (2007): 1-28.

CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación). Informe Final. Lima: CVR, 2003, t. IX. Capítulo 1: “Fundamentos de la Reconciliación”.

--------. Informe Final. Lima: CVR, 2003, t. VIII “Conclusiones Generales”.

Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000.

UNDP. Human Development Report. New York, Oxford: Oxford University Press, 2000.

Huallanca Huaccachi, Antonia. Entrevista realizada con los autores en el anexo de Colcabamba, Perú en abril del 2010.

Naciones Unidas. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York: Ginebra, 2006.