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Soldados limpian las pintas senderistas en un pabellón universitario. Archivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Foto: Vera Lentz, 1991.

Somos estudiantes, no somos terroristas. Universidades públicas y estereotipos violentos en la década del 80 en el Perú

Rocío Silva Santisteban | Universidad Jesuita de Lima
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Jóvenes estudian rodeados de pintas senderistas en un aula de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Archivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Foto: Jaime Rázuri, 1989.

En la década de los años 80 en el Perú, ser estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) era equivalente a ser terrorista. La imagen típica que divulgaban los medios de comunicación del terrorista1 era la de un hombre o de una mujer joven, de piel cetrina y cabello lacio que caracterizan al mestizo o indígena quechua, de ademanes fuertes pero regulados, educado y con cierto aire “científico”, con anteojos para evitar la miopía, de vestir modesto pero formal, y con una gran capacidad para mimetizarse con las “grandes mayorías”. Este estereotipo del “univesitario-terrorista”, aunado a la crisis y el descrédito de la universidad por su excesiva politización radical durante finales de los años 70, fue la excusa perfecta para demonizar a las universidades públicas y discriminar a sus estudiantes, sobre todo, a los provincianos. De esta manera cala en el imaginario la imagen del estudiante sanmarquino como sospechoso permanente de cometer actos violentos; para las fuerzas militares y policíales, “atrapar a terrucos2 en las universidades” se convirtió en casi el objetivo primordial. Es así que la universidad se desacredita y se enarbola la idea de un control autoritario como única salida. Se inicia en Lima y otras ciudades del Perú una caza de brujas contra los universitarios.

Posteriormente, durante los años 90, desmantelar el pensamiento crítico de las universidades fue una de las acciones más hostiles del gobierno de Alberto Fujimori: me refiero a la intervención universitaria. La matanza de 11 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en junio de 1993, en Lima, a manos del grupo paramilitar de aniquilamiento “Colina”, fue el apogeo de esta reacción violenta contra las universidades y sus miembros. Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de prisión pues se ha probado su responsabilidad directa en estos asesinatos.3

Es fácil entender, por lo expuesto, que la universidad pública en el Perú ha jugado un rol fundamental en el devenir político nacional de las últimas décadas. Pero desde que se iniciaron las actividades políticas en las universidades —durante la creación de los campus universitarios a partir de los años 60—y desde que los claustros se convirtieron en arenas de discusión y militancia, hasta la cooptación gubernamental de la casi totalidad de las universidades públicas durante los años 90—durante los cuales vimos a sus rectores desfilar en las “fiestas patrias” como si fueran miembros de las Fuerzas Armadas—se dieron un sinnúmero de hechos diversos, heterogéneos y contradictorios.

Inicios de la crisis

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Policías en las afueras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Archivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Foto: Alejandro Balaguer, 1987.

La crisis del sistema universitario peruano fue permanente desde 1970 en adelante. Las razones son varias: presupuestos exiguos y a la falta de incentivos a los profesores, radicalización de los propios estudiantes, diferencias ideológicas de matiz entre los diversos grupos (estalinistas, trotskistas, maoístas, pro-cubanos, entre otros), autoritarismo dentro de la propia concepción de la educación universitaria entre docentes y alumnos4 y luchas frontales entre los diversos grupos por el manejo de las asambleas universitarias (sobre todo, entre la llamada “izquierda legal” y los grupos radicales). Debido a la autonomía universitaria durante los años 80, las universidades estaban prácticamente tomadas por los dirigentes de las federaciones universitarias, quienes además de manejar las “viviendas” tenían una participación fuerte y activa en las asambleas oficiales donde se elegían a las autoridades, formando el llamado “tercio estudiantil”. En general todos los estudiantes podíamos —me incluyo— cambiar el currículo de las diversas facultades, vetar profesores, intervenir en el manejo de presupuestos y, sobre todo, hacer huelgas, “tomas” de locales, movilizaciones callejeras y otras manifestaciones de reclamo ante los diferentes gobiernos que, tanto ayer como hoy, consideran a la educación como el último de sus intereses.

Durante los años 70 la universidad pública en el Perú, tanto en provincias como en Lima —por ejemplo las universidades Nacional de Ingeniería, Nacional Agraria, o la Universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho)— fomentaba grandes expectativas en sus jóvenes profesionales egresados que, finalmente, terminaban sin poder encontrar espacios para ejercer sus profesiones y eran desplazados por los egresados de las universidades privadas. En la década siguiente, la más cruel y violenta de la historia del Perú, las universidades también fueron lugares donde los jóvenes provincianos que duramente habían conseguido un cupo en las aulas y en las viviendas, pudieron percibir de inmediato la diferencia en investigación, bibliografía e incluso infraestructura, entre las universidades privadas y públicas5, como parte de las exclusiones y brechas de injusticia entre los que pueden pagar una universidad y los que no pueden hacerlo. A diferencia de la actualidad, durante los años 80 ingresar a una universidad privada era mucho más difícil que ingresar a una universidad pública: por lo tanto, la diferencia entre los estudiantes de una y de otra también radicaba en la selección. Todo este orden de profundas exclusiones —crematísticas pero también clasistas— así como el co-gobierno estudiantil radicalizado, permitieron que muchos jóvenes se convirtieran en “estudiantes eternos” —sobre todo los dirigentes políticos— quienes se mantenían llevando el mismo curso por varios años pues no existía, en ese entonces, la posibilidad de ser expulsado de la universidad por bajo rendimiento. Es así que las universidades públicas se convierten en “campos de batalla” no solo ideológica sino estratégica para grupos como el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) o el Moviemiento Revolucionario Tupas Amaru (MRTA). Esta situación, aunada a las luchas políticas de los diferentes movimientos de izquierda, permitió el ingreso a la universidad de sectores ultra-radicales, y en algunas de ellas, de militantes de partidos que optaban abiertamente por la lucha armada como el mismo PCP-SL o Puka Llacta y que utilizaban los campus universitarios como espacios para captar militantes. Si algunos movimientos radicales tenían entre su masa movilizante a grupos de obreros o campesinos, el PCP-SL y el MRTA tenían como prioridad buscarlos entre los universitarios.

Radicalización y deserción estudiantil

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La Policía interviene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 19 de abril de 1989 en medio de actos de protesta estudiantil. Archivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Foto: Jaime Rázuri, 1989.

Lamentablemente, desde afuera, no se percibían las luchas que los mismos estudiantes desarrollaban para frenar esta situación ni los grandes matices ideológicos y de opciones políticas entre unos y otros y, por eso, durante esta larga década los estudiantes de universidades públicas pasamos a ser sospechosos de terrorismo: los policías nos paraban y ante un carnet universitario, generalmente, nos bajaban del transporte público para llevarnos a la comisaría o, en el peor de los casos, a la DINCOTE (Dirección contra el Terrorismo); nos cateaban cada vez que entrábamos a la universidad; en las marchas, nos reprimían con bombas lacrimógenas, vomitivas y balines directamente al cuerpo. A su vez, la universidad atravesaba, junto con el país, una de las peores crisis económicas, los sueldos de los profesores y de los trabajadores eran risibles y muchas veces se pagaban con retraso, por lo mismo, las huelgas de docentes duraban meses (en 1987 una huelga duró ocho meses). Esta situación agudizó la deserción estudiantil y la radicalización de los grupos que aún se mantenían activos en las diferentes federaciones de estudiantes, es así que muchos de los alumnos abandonaron las aulas para trabajar o para entrar en la clandestinidad. Como sostiene Pablo Sandoval en un estudio al respecto: la forma de hacer política teniendo como horizonte la “lucha armada” y como estrategia la “confrontación permanente” se convirtió en un “sentido común” en la universidad pública:

Aunque [el PCP-SL] aparecía como "dador" de justicia, era evidente que su estrategia seguía las viejas prácticas políticas de la confrontación y la descalificación del adversario, como medios para lograr bases de apoyo y militantes a su lucha armada. Esta lógica empalmó y logró capitalizar al máximo el radicalismo populista que tenía una presencia importante en el sentido político común en la universidad6.

En 1984 hubo un intento, con Antonio Cornejo Polar como rector de la UNMSM, de democratizar la universidad pero al mismo tiempo mantener el orden y el control interno. Lamentablemente Cornejo renuncia al año y medio ante la imposibilidad de un cambio y desde ese momento empieza una secuela de autoridades sin autoridad que termina con decenas de irrupciones policiales al campus y finalmente con la debacle completa: la militarización de la UNMSM y la intervención del Poder Ejecutivo en la selección de sus autoridades en el año 1995 con la formación la Comisión Reorganizadora (CORE) y el nombramiento de un rector totalmente adscrito al gobierno de Alberto Fujimori. En los años 90 comenzaron a devaluar la universidad como centro autónomo y, paradójicamente, a reorganizarla con mayor eficiencia administrativa sin tener que lidiar con los diferentes estamentos radicalizados. No obstante, la opinión pública continua vinculando a las universidades públicas, y en especial a San Marcos, con la radicalización de un pensamiento de izquierda. Sin embargo, hoy en día, tanto las universidades públicas como las privadas han dejado de ser espacios del debate político, de movilización y de activismo, y los estudiantes que buscan una participación política activa deben hacerlo en movimientos, grupos o colectivos cuyas reivindicaciones se centran en “políticas de identidad” (grupos gay, lésbicos, indígenas). De alguna manera, la radicalización primero, y la intervención militar y gubernamental después, despolitizaron de cuajo a la universidad peruana y remontar esta reacción será un trabajo duro de muchos años.

 


Rocío Silva Santisteban é doutora em Literatura Hispânica (Boston University). Sua tese de doutorado foi publicada como El Factor Asco: Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, no ano de 2008, pela Red de Ciencias Sociales (Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica e o Instituto de Estudios Peruanos). Editou quatro livros de crítica cultural, o último sendo Nadie sabe mis cosas: ensayos en torno a la poesía de Blanca Varela (junto com Mariela Dreyfus) publicado pelo Fondo Editorial del Congreso del Perú (2007). Como pesquisadora, foi bolsista da Rockefeller Foundation, da AVINA e de CLACSO. Escreve uma coluna no suplemento Domingo do jornal La República e é diretora da cadeira de jornalismo da Universidad Jesuita de Lima.

 


Notes:

1La Ley Antiterrorista –Decreto Ley 046— se dio durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde en 1984 y clasificaba al terrorista como el que realiza “actos capaces de, o idóneos para, crear una situación de peligro”. Generalmente los llamados terroristas han sido los militantes de dos grupos que se alzaron en armas y que, según ellos, han llevado a cabo una “guerra popular”. Se trata del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL), y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

2Terrucos, tucos, cumpas o sacos es la manera como se denomina a los terroristas en el argot peruano.

3La sentencia completa de la primera instancia por el delito de asesinato y secuestro agravado dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema bajo la dirección de César San Martín, un monumento jurídico de 700 páginas, se puede encontrar en el blog de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú

4Como sostiene el IF de la CVR en su capítulo referente alas universidades, la educación universitaria era memorística, se planteaba una brecha fuerte entre profesor y alumno, el profesor era el letrado que tenía el conocimiento y el alumno debía escuchar y respetar. Esta visión autoritaria de la educación permitió la instauración de profesores que imponían una serie de ideas radicales a veces atractivas para los estudiantes pauperizados, como fue el caso de Abimael Guzmán Reynoso en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, a mediados y finales de la década del 70 (CVR, Informe Final, Tomo II, Cap. 3, pág. 620 y ss.)

5El campus de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son prácticamente colindantes: apenas unos doscientos metros los separan.

6Sandoval, Pablo. “Radicalismo estudiantil y los orígenes de la universidad clasista popular”. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, noviembre 2005, p.8.