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Los cuerpos de testigos como prueba legal



En una sentencia histórica, la condena a prisión perpetua a un ex represor argentino crea nuevas figuras legales, abre nuevas posibilidades para juicios de Derechos Humanos, pero también reedita viejas prácticas criminales y viejos temores que se creían olvidados.

El pasado 19 de septiembre, el juez Carlos Rozansky, junto a Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Nº1 de la ciudad de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hicieron historia. La alegría y esperanza de los miles de familiares de detenidos- desaparecidos no se hizo esperar tras un duro y rotundo veredicto que condenó al ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, a cadena perpetua por los “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio” correspondientes a la última dictadura militar Argentina.

Miguel Etchecolatz, de 77 años, volvió a prisión luego de ser liberado de su condena anterior- gracias a la Ley de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín- y se abrió un nuevo capítulo para la justicia argentina, especialmente para los casos de violación de los derechos humanos. Este es el primer ex miembro de las fuerzas de seguridad procesado por delitos cometidos durante la llamada "guerra sucia" luego de la derogación, hace un año, de estas leyes del perdón y que abre un nuevo camino en la historia de la justicia argentina. Esta sentencia histórica crea precedente respecto a figuras legales hasta hoy inexistentes en el Código penal no sólo en Argentina, sino en muchas otras partes del mundo como es el de "genocidio", reconocido por primera vez en un tribunal dentro del país.

“La condena a cadena perpetua para Miguel Etchecolatz es por ocho cargos relacionados con arrestos ilegales, torturas y asesinatos en cerca de 30 centros clandestinos de detención del denominado ‘Circuito Camps’ que operaba en una zona que incluía a La Plata y localidades aledañas- como coautor y autor responsable del delito de homicidio calificado y responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos”, señala la abogada querellante Guadalupe Godoy.

La figura de “genocidio” fue presentada por la abogada querellante Myriam Bregman quien la solicitó "para demostrar que en el país hubo un plan de exterminio sistemático y claro”, que posibilitó que personas como Etchecolatz cometieran actos como los presentados por los más de 130 testigos que declararon en este caso.

Para apoyar los argumentos de esta acusación, las abogadas querellantes Liliana Molinari y Liliana Mazea se centraron en los aspectos técnicos, explicando que si bien los delitos puntuales investigados en esta causa —la privación ilegal de la libertad, las torturas, el homicidio— están tipificados en el Código Penal de la Nación, “los ilícitos narrados, por el modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos desde el aparato del Estado, constituyeron fundamentalmente crímenes de lesa humanidad, reconocidos en el derecho interno argentino.”

Otro de los puntos que ha generado un cambio fundamental es el de reconocer los testimonios como prueba dentro de la causa: “un punto trascendental que marca esta sentencia es que los jueces a cargo tomaron en cuenta los testimonios y estos antecedentes de estos 13 testigos que declararon en este caso como ‘fundamentales’, cosa que jamás había ocurrido”, señala Guadalupe Godoy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otra de las abogadas querellantes. Su alegato en el juicio, que logró instalar esta figura legal, se apoyó en el funcionamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, o sea “todos los elementos que hicieron parte del circuito de centros clandestinos de detención, las tareas de inteligencia que precedía a los secuestros, la metodología de destrucción física y psíquica de los prisioneros, el silencio oficial ante las gestiones de los familiares, la desinformación sobre el destino de los secuestrados, la eliminación de todo rastro, que pudiera configurar una prueba de lo ocurrido en el futuro”...“Todas las sentencias anteriores tenían como base la llamada ‘Teoría de los dos demonios’ donde se colocaba en igualdad de condiciones al represor y a las victimas. Esta sentencia rompe con eso y va más allá. Habla de exterminio, de genocidio, de la necesidad de justicia”- agrega Godoy.

Esto nos abre una tremenda esperanza, aunque aún es muy pronto para analizar con profundidad. Pero creemos que a partir de este juicio podemos probar las responsabilidades de quienes fueron los altos mandos, quienes dirigían las operaciones y no quedarnos sólo con los autores materiales. Y con esta nueva figura de los ex detenidos como prueba tenemos muchísimas probabilidades.

Reaparecen viejos fantasmas

Sin embargo, la alegría de la condena, y las nuevas posibilidades que se abren con los argumentos de esta condena, se vio rápidamente opacada por la desaparición del uno de los principales testigos de este caso, Jorge Julio López.

Albañil de profesión, este peronista de 77 años que pasó 3 años en un macabro tour por 4 centros de tortura de la provincia de Buenos tuvo la mala suerte de encontrarse con Etchecolatz. El testimonio de López fue clave en el juicio, ya que logró dar detalles del asesinato del matrimonio Dellorto- De Marco, uno de los casos de la querella que condenó al ex policía bonaerense.

Desde el comienzo, el gobierno ha manejado dos hipótesis: la primera que afirma que López habría salido del juzgado por sus propios medios y que posiblemente se habría extraviado, y una segunda hipótesis, manejada por los abogados y organismos de derechos humanos, que afirma que fue secuestrado. Sin embargo, ciertas características del hecho hacen pensar que la segunda hipótesis es la más acertada. Tanto el tiempo que López lleva desaparecido, como también las numerosas amenazas recibidas por testigos, familiares e incluso 8 jueces, entre ellos el propio juez Rozansky, que trabajan casos de violación de derechos humanos, al igual que la agresión física y psicológica de dos activistas de la zona de La Matanza, conducen a elaborar semejante conclusión.

Incluso a pocos días de entregar la sentencia a Etchecolatz y cuando ya se sabía de la desaparición de López, en las cercanías de la ciudad de la Plata, en un sitio donde eran arrojados restos de desaparecidos, apareció un cuerpo incinerado reproduciendo los métodos usados por los servicios de seguridad durante los años 1976-1983.

“Para nosotros estas son claras señales, incluso de carácter mafioso, y esto no es sólo por el tema de cómo afectará a otros miembros de las fuerzas policiales el resto del juicio en que Jorge Julio era testigo, sino que es una señal al gobierno frente al proyecto de reforma de la Policía Bonaerense”, señala Gloria Godoy, abogada querellante en el caso Etchecolatz.

Para Nilda Eloy, la testigo que junto a López fue clave en las condenas al ex Director de Investigaciones de la Policía, todo esto “es un mensaje muy claro de ‘Acá estamos y todavía podemos y esto no es raro ni nuevo porque desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas.’

Incluso a pocos días de la desaparición de López, el propio jefe de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, lo calificó como el primer detenido- desaparecido en democracia.

Una Cuestión Política

Pero, tanto las amenazas recibidas por testigos, familiares y hasta jueces, así como la desaparición de López han desatado no sólo los temores de quienes tuvieron que vivir los años oscuros de la dictadura, sino que han abierto una serie de interrogantes a nivel político desde las distintas posiciones frente al gobierno y su política de derechos humanos y también interrogantes sobre la actual situación de los servicios de seguridad y grupos operativos que actuaron durante la llamada “guerra sucia”.

“Nosotros nos vinimos a enterar recién ahora, en una reunión hace unos días con el jefe de gobierno de la provincia, que sólo en las filas de la policía bonaerense hay 60 policías activos que participaron durante la dictadura. No imaginamos entonces cuántos más habrá en el Ejercito, la Armada, la Fuerza Aérea”, señala Nilda Eloy. “Entonces no entendemos y creemos que ya hay que pasar realmente de las palabras a los hechos. Si bien las condiciones son diferentes, la impunidad aún persiste y lo que reclamamos es que de una vez el gobierno diga ‘Basta, se acabó.’ Para nosotros está claro que esta gente sigue operando y Etchecolatz tiene sus simpatizantes,” agrega.

Pero el gobierno ha sido más cauteloso; incluso ha sido el propio Kirchner quien habló en nombre del gobierno. Así, por ejemplo hace dos semanas, durante la primera marcha por la aparición de Julio Jorge López , el presidente señaló que se brindaría toda la estructura que tenga el Estado para la protección a los testigos. “Vemos con profundo dolor lo que esta pasando. Estén atentos, argentinos, no podemos dejar que se vuelva a repetir el pasado,” fue el mensaje directo del presidente.

El gobernador Solá se preocupó de dar marcha a las medidas de protección a los testigos de casos de derechos humanos y adelantó el plan de cambios dentro de la policía bonaerense.

Por su parte, la Secretaría de Derecho Humanos del gobierno provincial lleva a cabo una campaña de difusión a todo nivel, no sólo para dar con el paradero de López, sino para explicar la relevancia que tuvo su testimonio y el juicio en el cual participó como testigo. “Creemos que es importante mantener una campaña de información que contenga a quienes actuaran como testigos en otros casos y que la gente sepa qué importancia tiene esclarecer casos de derechos humanos”, señaló a La Nación el vocero de dicha secretaría.

Pero, a más de un mes de la desaparición de López las dudas crecen y más cuando se sabe lo relevante del testimonio de Jorge Luis López: “Datos que salieron del juicio a Etchecolatz y que dieron pie a nuevos juicios y nuevos posibles culpables y en los que él iba a ser nuevamente testigo”, señala la abogada de DD.HH, Marta Vedio.

A pesar de las declaraciones del abogado defensor de Miguel Etchecolatz en las que afirma que, según la ley Argentina, “los cuerpos” no constituyen una prueba real –argumento que utilizará en la instancia de apelación -, esta nueva figura abre posibilidades reales de condena en numerosas causas de violación a los derechos humanos. De hecho, pasado ya más de un mes de la desaparición de Jorge Julio López, este episodio parece ser un gesto “material y simbólico” para eliminar la más relevante prueba de lo que él hubo de vivir durante el cautiverio: su cuerpo.

*Esta nota apareció originalmente en el diario La Nación de Chile, el domingo 1ero. de octubre de 2006.

EDITORIAL REMARKS


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