La política del camuflaje: la objeción de conciencia como estrategia de la Iglesia Católica

La objeción de conciencia (OC) tiene una definición, una genealogía y un uso normativo en las democracias liberales. Tiene, por decirlo de algún modo, una historia oficial que la rescata como un instituto democrático que garantiza a las personas el derecho a no cumplir con ciertas obligaciones legales por considerarlas contrarias a las creencias (tanto religiosas como seculares). Esta historia tuvo como temática crucial la obligación del servicio militar, como manera de reclutar y capacitar ciudadanos para combatir en defensa del estado. El pacifismo y/o antimilitarismo aparece, entonces, como una ideología, como un sistema de creencias, que debe salvaguardarse frente a la militarización y belicosidad de los estados modernos. Pero en estos últimos años se comenzó a construir una historia alternativa ya que la OC ha ganado presencia en otro campo: el de la sexualidad y la reproducción. En particular, se ha constituido en una estrategia privilegiada por parte de distintos sectores religiosos para resistir los cambios legales logrados por los movimientos feministas y por la diversidad sexual. El avance en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) ha generado una politización creciente de la OC como instituto de la democracia que garantiza el pluralismo de las sociedades contemporáneas. Así, la OC se despliega, desde distintos sectores, como una manera de proteger la libertad religiosa frente a legislaciones que buscan desmontar desigualdades anudadas a órdenes sexuales jerárquicos.

En la transición entre ambas historias, la Iglesia Católica es un actor crucial ya ha convertido a la OC en una estrategia relevante para resistir los cambios culturales y legales que, según su versión, impulsados por la ideología de género amenazan el orden social. Desde el Vaticano se defiende de manera sostenida a la objeción como un componente esencial para la libertad religiosa en las democracias contemporáneas. Entre los diversos documentos de la Iglesia, puede destacarse la encíclica Evangelium Vitae (1995) en la cual se incluye la OC entre las principales estrategias frente a legislaciones favorables tanto al aborto como a los DDSSRR en general. Esta encíclica se produce en un contexto de transnacionalización y avance de las demandas feministas que se manifestó en Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas, particularmente el Cairo (1994) y Beijing (1995) y si bien no implica cambios substanciales en la postura doctrinaria, puede leerse como una plataforma política de la Iglesia Católica respecto a la sexualidad. En este documento se formaliza, por primera vez, el antagonismo entre la “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte” como construcción de la política contemporánea. Para la Iglesia Católica estamos inmersos en un choque entre el bien y el mal, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, y “todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida” (Evangelium Vitae, 1995). Según la encíclica, esta cultura de la muerte se construye, según el documento, sobre una mentalidad anticonceptiva que relaciona como “frutos de una misma planta” la anticoncepción y el aborto.

Si la objeción de conciencia se inició en conexión al militarismo como ideología bélica, en la versión actual de la Iglesia Católica el enfrentamiento es de tipo cultural generada por lo que denomina como una ideología de género. En ambos casos la libertad, en particular la religiosa, aparece como un valor a proteger; sin embargo en la defensa de la OC frente a los DDSSRR la Iglesia Católica desplaza, y de algún modo altera, este instituto legal. Un primer desplazamiento se produce de la OC como opción ética a obligación moral. A diferencia de la objeción frente al servicio militar, donde dejaba librada la decisión a la persona, la Iglesia Católica en tanto actor político convoca a los creyentes a desobedecer ciertas legislaciones por medio de la objeción. Una persona católica frente a leyes favorables a la “cultura de la muerte” se debe transformar en un objetor, así Evangelium Vitae sostiene que leyes favorables al aborto o la eutanasia “establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia” (Juan Pablo II, 1995). La postura de la encíclica no es la de defender la OC como un derecho individual al que los ciudadanos (en tanto creyentes) tienen acceso sino como una obligación que tiene todo creyente frente a “aquellas prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, se oponen a la Ley de Dios”. Esta obligatoriedad de la OC se vuelve a reproducir en diversos documentos en los cuales se considera que las personas vinculadas a la sanción y aplicación del derecho así como al personal de la salud involucrado en la distribución y acceso a métodos anticonceptivos, abortivos o técnicas de reproducción asistida tienen “la obligación de recurrir a una “valiente objeción de conciencia”” (Academia Pontificia para la Vida, 2007).

El otro desplazamiento consiste en promover la OC con el propósito de vaciar de legitimidad distintas legislaciones producto de procedimientos democráticos. Este desplazamiento es también un cambio en la postura de la Iglesia Católica ya que respetaba la legitimidad del derecho que instruía el servicio militar obligatorio y proponía la objeción como una forma de articular tanto el derecho de los estados a reclutar soldados como el de ciertos individuos a exceptuarse debido a sus creencias (en este caso religiosas). Incluso la Iglesia consideraba que la persona exceptuada del servicio militar debía realizar, a cambio, alguna otra actividad compensatoria. Sin embargo, una vez que los DDSSRR se sancionan democráticamente, lo que en diversos países implica el fracaso de la jerarquía católica y sectores aliados para evitar el cambio legal, la Iglesia encuentra en la OC una estrategia para restar legitimidad al derecho. Para la jerarquía católica las leyes que despenalizan el aborto o la eutanasia, o incluso las que sostienen una “mentalidad anticonceptiva”, se oponen al bien individual y al bien común y por tanto “están privadas totalmente de auténtica validez jurídica” por lo que “una ley civil legitima el aborto o la eutanasia deja de ser, por ello mismo, una verdadera ley civil moralmente vinculante.” (Evangelium Vitae, 1995). Más que buscarse un espacio legítimo para que la ciudadanía pueda articular sus creencias frente a leyes mayoritarias, la OC tiene como propósito principal evidenciar la injusticia de los DDSSRR. Como se afirma en la Carta de los Agentes Sanitarios: “Además de ser un signo de fidelidad profesional, la OC del agente de la salud, auténticamente motivada, tiene el gran significado de denuncia social de una injusticia legal perpetrada contra la vida inocente e indefensa” (Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, 1995).

Estos desplazamientos dejan entrever, de algún modo, una política del camuflaje en relación al uso de la OC por parte de la Iglesia Católica. La forma en que se construye el instituto por parte de la jerarquía y los documentos del Vaticano lo acercan a la desobediencia civil aunque bajo el rótulo de objeción de conciencia. Mientras la objeción se caracteriza por ser personal y ética, la construcción propuesta por la Iglesia Católica es colectiva, de corte político y estratégico; mientras que la objeción busca defender un derecho individual la Iglesia busca visibilizar, confrontar y eventualmente reformar un orden legal que se considera injusto. La objeción de conciencia suele ir acompañada de tareas y actividades extras (por ejemplo en el tema de la excepción del servicio militar) que compensan el ser dispensado de la obligación legal; la construcción de la Iglesia frente a los DDSSRR, en cambio, al no reconocer la legitimidad del deber jurídico también sostiene que no se debe recargar al objetor.

Afirmar que más que objeción es desobediencia civil no implica desconocer el derecho que la iglesia católica tiene (como otras instituciones religiosas) a llamar a sus creyentes a desobedecer ciertos mandatos legales porque los considera injustos. Después de todo, la desobediencia civil es un mecanismo relevante para el cambio legal y social y ha sido utilizado en diversas oportunidades con un carácter fuertemente progresista. La Iglesia, como otros actores públicos, tiene derecho a convocar a la desobediencia o, incluso, a usar la OC para vaciar de legitimidad al derecho. El desafío reside en que la construcción acrítica de la objeción de conciencia abre a la política troyana del activismo católico conservador. Cual caballo de Troya, la política de resistencia y vaciamiento de los DDSSRR entra segura y articulada por la puerta abierta de las leyes que admiten concepciones amplias de la OC. De manera paradójica, con el rótulo de objeción de conciencia se terminan legitimando una serie de acciones políticas que tienen como propósito debilitar la fuerza normativa del derecho. Lo que en teoría es un acto ilícito, una desobediencia al derecho con riesgo de sanciones, se cubre con el manto de un derecho legalmente reconocido (a la objeción de conciencia) que invisibiliza el juego político y de poder que inaugura.

Esta política del camuflaje es un aspecto estructural que no debe obviarse al momento de debatir la OC como dispositivo para resguardar la libertad religiosa frente a la igualación de derechos impulsadas por los movimientos feministas y por la diversidad sexual. La OC no es sólo una construcción legal sino, fundamentalmente, una producción política que responde a un tiempo y a una determinada relación de fuerzas, razón por la cual es importante develar sus contextos de producción. Sólo una comprensión desacralizada del instituto permitirá, sin desconocer los valores que busca proteger, visualizar la dimensión en que ella se presenta como una de las estrategias más poderosas de aquellos sectores que defienden una concepción única y excluyente de familia y sexualidad.


Juan Marco Vaggione es Profesor de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e Investigador de tiempo completo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Actualmente dirige el Programa en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho. Dirección de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

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