Migracion y trabajo precario: un par desarticulable?
M. Inés Pacecca and Corina Courtis
Abstract:
Migration and Precarious Work: An Inextricable Pairing?
In September 2005, a series of denunciations brought to light the hazardous, abusive, and exploitative conditions that undocumented immigrant workers face within many of the clandestine clothing factories in Buenos Aires. In March 2006, an unintentional explosion in one of these factories killed six Bolivian citizens who worked and lived there. Four of the victims were children. This article presents, summarily, the principal dimensions of the processes that have contributed to the rise and perpetuation of these situations: certain characteristics of the normative framework that has historically regulated the entrance of migrants from Argentina’s neighboring countries, the labor and housing conditions that place restrictions on foreign workers, and how the lack of oversight of employers and working conditions generate omissions, complicities, and abusive cycles that have contributed to the extreme vulnerability of so many immigrant workers in Argentina.
Explosión: talleres clandestinos y trabajadores extranjeros
En marzo de 2006, un taller textil clandestino ubicado en un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires se incendió a consecuencia de la explosión accidental de una garrafa de cocina. En el incendio murieron seis de los ciudadanos bolivianos que trabajaban y vivían en el taller. Cuatro de los muertos eran niños, con edades entre 3 y 15 años. La magnitud del caso disparó acusaciones cruzadas entre funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, el consulado boliviano, los dueños de talleres, y las grandes marcas de indumentaria que compran la producción de los talleres.
La tragedia fue doblemente tal: no sólo por las muertes, sino además, por ser anunciada. Seis meses antes, en septiembre de 2005, habían comenzado a tomar estado público diversas denuncias referidas a las condiciones de trabajo a las que eran sometidos los inmigrantes –principalmente bolivianos– empleados en numerosos talleres de confección de indumentaria ubicados en domicilios particulares de la Ciudad de Buenos Aires.
Las denuncias judiciales realizadas por algunos de los trabajadores ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y con el apoyo de una asamblea barrial habían puesto al descubierto situaciones de explotación laboral que combinaban necesidades y temores de migrantes indocumentados con importantes fallas en dos áreas en las que la fiscalización estatal está demostrando ser crítica para asegurar el respeto por los derechos humanos de los migrantes. Se trata de la fiscalización migratoria en frontera –fundamental para detectar ingresos irregulares o clandestinos que luego facilitan la explotación y la trata de personas en los lugares de destino–, y la fiscalización y control de los lugares de trabajo, de las condiciones y de las relaciones laborales en las que producen los trabajadores extranjeros.
En el caso concreto de los migrantes de origen boliviano explotados en talleres textiles, las denuncias realizadas en el año 2005 evidenciaron que:
1. los talleres eran clandestinos, es decir, que contrataban trabajadores, producían y vendían lo que confeccionaban fuera de toda habilitación o marco regulatorio (tanto respecto de las relaciones laborales como de condiciones de trabajo: jornadas de hasta 16 horas, falta de pago o pago ínfimo, restricciones de movilidad, precariedad e inseguridad de las instalaciones, etc.);
2. los trabajadores, con sus familias (que incluían niños y niñas), vivían en el mismo lugar donde trabajaban, a menudo durmiendo en las mismas habitaciones en las que estaba la maquinaria;
3. muchos de los trabajadores habían sido traídos de Bolivia por otros connacionales, mediante ofertas de trabajo cuyos términos no se respetaban en el lugar de destino. Incluso varios habían sido ingresados al país clandestinamente. Además, sus reclamos era inhibidos por las amenazas de sus empleadores, quienes les aseguraban que si salían del taller o exigían el cobro de los salarios ofrecidos en Bolivia, los harían encarcelar o deportar por “ilegales”.
Las denuncias también evidenciaron que las modalidades bajo las que se produce dentro de los talleres clandestinos –desde la trata de personas hasta el trabajo a destajo en condiciones insalubres y peligrosas– son posibles debido a la connivencia de variados actores con diversos intereses en juego: la policía, los fabricantes de indumentaria y las inmobiliarias que lucran con el alquiler de locales, entre otros. Si bien la explotación de trabajadores no era novedad, el incendio del mes de marzo sacó esta metodología a la luz y obligó a las autoridades de la ciudad a reaccionar.
La onda expansiva
Las autoridades decidieron mostrar que estaban tomando cartas en el asunto y pusieron en marcha una batería de medidas presentadas como respuestas directas a la tragedia. Vale la pena enmarcar la reacción del gobierno en al menos dos situaciones coyunturales de distinto calibre. Por un lado, las repercusiones del incendio de un local bailable que, un año antes, había resultado en la muerte de cerca de 200 personas y en la posterior destitución del Jefe de Gobierno porteño; por el otro, la empatía política demostrada por el gobierno nacional hacia el flamante presidente electo de Bolivia, Evo Morales, y la necesidad de mantener a Bolivia como aliado en materia energética.
Entre las medidas más conspicuas destinadas a paliar los efectos de la tragedia, el gobierno nacional adelantó en unas pocas semanas el inicio del largamente prometido Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande” que, mediante un impacto político similar al de una amnistía migratoria, instrumenta el criterio de nacionalidad establecido en la ley de migraciones vigente (ver infra). Así, a mediados de abril se lanzó para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con gran publicidad y haciendo explícita ecuación entre regularidad residencial y regularidad laboral, la medida que permitirá, según estimaciones del propio gobierno, la “radicación” de 700.000 inmigrantes regionales. En la práctica, puesto que el programa se funda en la (parcial) descentralización de la gestión a través de convenios con los municipios y asociaciones colaboradoras de la sociedad civil, la agilización del programa parece haber restado tiempo para la capacitación de las agencias implementadoras y para que éstas buscaran los – no pocos - recursos necesarios para llevar adelante la tarea.
Asimismo, se abordó la cuestión del control de los lugares de trabajo. Hasta el momento de la tragedia, la distribución de competencias para el control de relaciones y condiciones de trabajo entre los niveles nacional y local había convertido a los talleres de indumentaria montados en domicilios particulares en espacios pasibles de escaso control. A partir del incendio, el gobierno nacional accedió a otorgar al gobierno de la ciudad facultades para realizar inspecciones de higiene y seguridad laboral en domicilios particulares. Desde entonces, el gobierno local inició una campaña de sensibilización y recepción de denuncias (“El trabajo esclavo mata”) y se realizaron 1.655 operativos conjuntos de inspección que derivaron en 502 clausuras de talleres.
Esta aplicación del poder de policía fue, sin embargo, sólo tímidamente acompañada por medidas de asistencia temporaria, subsidios habitacionales y de alimentación, y medidas de reinserción laboral, de modo que, en buena parte de los casos, los trabajadores perdieron no sólo su trabajo –por precario que fuera–, sino también la garantía de casa y comida estables. Algunos trabajadores optaron por retornar a Bolivia, pero el retorno no parece ser una opción masiva.
Por el contrario, los operativos de inspección y clausura de talleres provocaron protestas varias en defensa de las fuentes de trabajo. Alrededor de dos mil personas de la colectividad boliviana –en gran parte talleristas, pero también costureros– manifestaron contra los pequeños y medianos fabricantes que, con lógica exclusiva de mínimo costo, encargan y compran la producción de los talleres. Para confusión de la prensa y de las mismas autoridades, los lemas de la marcha combinaban el pedido de condiciones dignas de trabajo con la negación del sometimiento a la servidumbre y pedían el cese de las clausuras. Las clausuras, además, estimularon la emergencia y/o fortalecimiento del asociacionismo entre los trabajadores bolivianos de talleres y arrastraron denuncias de trabajo esclavo en otros sectores, como la horticultura.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se anunció el lanzamiento de un “Observatorio de Derechos Humanos sobre la Comunidad de Migrantes Bolivianos” que busca articular la fragmentada labor de las distintas áreas de gobierno (nacional, provincial, local), las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los académicos, las organizaciones internacionales y el consulado de Bolivia en la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes bolivianos en la Argentina. Por último, también el Poder Legislativo mostró interés en el asunto: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para la confiscación de la maquinaria de los talleres sancionados, con el fin de ponerla a disposición de sus trabajadores potencialmente organizados en cooperativas.
Explotación: ni documentos ni fiscalización laboral
La cifra de inspecciones y de clausuras realizadas luego de la explosión del taller deja en evidencia dos “anomalías” centrales: que la producción clandestina o con incumplimiento de normas laborales es una práctica extendida en la Ciudad de Buenos Aires; y que semejante extensión indica que se trata además de una práctica de larga data. ¿Cómo se llegó a semejante situación?
Desde mediados del siglo XIX, Argentina ha sido país de destino de inmigrantes europeos y latinoamericanos, quienes en 1914 conformaban el 30% de la población residente en el país. Por un conjunto de motivos, a partir de 1950 Argentina dejó de ser destino de migrantes inter-continentales para convertirse en destino privilegiado de migrantes intra-continentales (principalmente bolivianos, paraguayos, chilenos; así como peruanos a partir de la década de 1990). Según el censo poblacional de 2001, esta migración representa el 2.5% del total de la población de la Argentina.
Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo, tanto las mujeres como los varones provenientes de los países limítrofes (y posteriormente de Perú), tuvieron históricamente una inserción complementaria a la de la mano de obra nativa. En las áreas urbanas, los varones tienden a emplearse en la construcción, en pequeños talleres manufactureros o en sectores de gastronomía. Las mujeres tienden a insertarse mayoritariamente en el trabajo doméstico, o cuidado de niños y ancianos. En la inmensa mayoría de los casos, se trata de puestos de trabajo mal pagos, en sectores informales que no cumplen con las exigencias de la legislación laboral.
En lo que respecta al status legal de los extranjeros en Argentina, las modificaciones sufridas a lo largo del siglo XX han sido considerables. La primera ley migratoria (de 1876) organizó un importante conjunto de dispositivos institucionales que promovieron y facilitaron el ingreso, la permanencia y la inclusión laboral y social de los extranjeros llegados hasta las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente comenzó a establecerse y tomar preeminencia un corpus normativo solapada o abiertamente restrictivo, caracterizado tanto por el minucioso fraccionamiento de las categorías de ingreso y de permanencia, como por los derechos laborales diferenciales acordados a cada una de ellas.
Sin embargo, los extranjeros provenientes de países limítrofes nunca tuvieron dificultades para ingresar como turistas, es decir, con permiso para permanecer en el territorio hasta tres meses, pero con prohibición de realizar trabajo remunerado, bajo pena de violación a ley migratoria. Por supuesto, esta situación no impidió su masiva contratación informal en los sectores del mercado de trabajo menos vigilados. Es decir que la contracara de las restricciones al ingreso, a la permanencia y al trabajo fue el incremento de permanencias irregulares –los llamados “falsos turistas”–, el trabajo clandestino y los excesos de arbitrariedad y corrupción administrativa.
En diciembre de 2003 se sancionó la actual Ley de Migraciones (N° 25.871), que reemplaza la ley anterior surgida en 1981 en el seno de la dictadura militar. La actual ley, con un novedoso énfasis en la protección de los derechos humanos de los migrantes, y con una también novedosa perspectiva regional, incluye la nacionalidad como un criterio que permite acordar, a los nativos de los Estados parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile, una residencia temporaria con permiso de trabajo por dos años renovable. Sin embargo, debido a disputas y demoras en la reglamentación de esta ley, la situación de residencia irregular de una porción considerable de los migrantes latinoamericanos en Argentina aún está pendiente de resolución.
Migración y trabajo precario: ¿un par desarticulable?
Por sus características de tragedia anunciada, el incendio de marzo de 2006 destaca los perversos vínculos entre migración y trabajo precario e informal. Si bien la relación entre estos dos términos es compleja, hay un hecho que es decididamente indiscutible: un migrante imposibilitado de regularizar su situación documentaria solamente podrá insertarse en el mercado de trabajo informal o clandestino, en el que muchas veces se montan los nichos étnicos. Quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda vulnerables, pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros que residen en situación irregular, están permanentemente y estructuralmente al borde de la explotación –y de la explosión. Si el migrante reside en condiciones irregulares, el acceso a los derechos y su ejercicio acarrea siempre el fantasma o la amenaza de la prisión o de la deportación. Desde esta perspectiva, la documentación es, sin duda, una medida necesaria, ya que permite desarmar uno de los soportes principales de la vulnerabilización de los residentes extranjeros. Pero no es suficiente: hay otras cuestiones en juego que ligan a la migración con el trabajo precario.
Por un lado, la obligación de remesar impone al migrante fuertes presiones al menos en dos flancos: conseguir un trabajo y (sobre)vivir reduciendo gastos. De ahí la apelación a redes (generalmente de parentesco o de amistad) que garantizan ocupación inmediata y minimizan los períodos de desocupación; y la conveniencia de los trabajos “puertas adentro”, que proveen vivienda, alimentación, y protegen de la mirada “deportadora”, pero donde las pautas estructurantes de la relación laboral, y el límite entre tiempo de trabajo y de descanso, tienden a diluirse. A esto se suma el hecho de que, en el marco de determinadas relaciones intra e interétnicas, el establecimiento de ciertas condiciones laborales suele anclarse en exigentes ideologías del trabajo que ponen en ecuación esfuerzo y movilidad social, en expectativas de temporariedad, y en la falta de información sobre la normativa y los derechos laborales y migratorios del país de destino. Cuando, además, la fiscalización estatal de todos los factores de la producción es insuficiente, tanto el trabajo como la vivienda oscilan entre la precariedad y el peligro.
Por otro lado, no debe olvidarse que, en la Argentina contemporánea, la producción clandestina y el trabajo en condiciones de servidumbre no son aberraciones laborales o morales aisladas, sino los últimos eslabones de una cadena forjada en la fragua de la des-intervención, la des-regulación (y el des-control) de todos los factores de la producción, y que afecta –aunque diversamente– a nativos y extranjeros. Tampoco debe olvidarse que el resultado de esa producción pasa a mercados legales, mercados muchas veces constreñidos por presiones oficiales o convenios comerciales internacionales a operar con costos reducidos.
La puesta en foco de talleres de indumentaria clandestinos, propiedad de talleristas bolivianos que reclutan paisanos en Bolivia para realizar un trabajo absolutamente precario y que, incluso, ha sido denunciado como reducción a servidumbre, pero cuyo producto entra al circuito legal sin dificultades, no hace más que resaltar los componentes más extremos de una cadena de complicidades. El gran desafío del momento es forjar la cadena de responsabilidades que permita la prevención, el control y la sanción efectiva de esas complicidades –harto conocidas– antes de que ocurra nuevamente la catástrofe.